Esta semana todos hemos mirado al sector inmobiliario y a las viviendas. El Gobierno de España de coalición ha lanzado la propuesta de la nueva ley de vivienda. Una norma de la que se venÃa hablando en los últimos meses y que toda apunta a que se hará realidad en unas semanas tras pasar por sus consiguientes trámites del Consejo de Ministros y el Congreso. Pero ¿Cómo nos va a afectar esa nueva ley de vivienda? En BonLar La nueva ley de vivienda llegará a Rivas.
Es un área, distrito, barrio o ciudad en la que los precios medios del alquiler han crecido en los últimos cinco años más de cinco puntos por encima de lo que lo ha hecho el IPC. Además, el importe medio de la renta debe representar más del 30% de la media de ingresos por hogar.
A falta de conocer los detalles finales de la ley, los dos socios de Gobierno trabajan desde hace meses con una propuesta que establece que son las administraciones competentes en materia de vivienda las que podrán declarar, de acuerdo con su normativa reguladora, zonas de mercado residencial tensionado "a los efectos de orientar las actuaciones públicas en materia de vivienda en aquellos ámbitos territoriales en los que exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población, en condiciones que la hagan asequible para su acceso en el mercado".
Según esta propuesta, la vigencia de la declaración de un ámbito territorial como zona de mercado tensionado será de tres años, pudiendo prorrogarse anualmente.
El gran casero, según la norma, es el dueño de más de 10 viviendas, cifra con la que ha venido trabajando el Ejecutivo en todas las medidas de urgencia desplegadas a raÃz de la crisis sanitaria y económica del Covid-19.
Para los pequeños propietarios (hasta 10 inmuebles) se ha acordado la congelación de precios en las zonas tensionadas y el impulso de incentivos fiscales para bajar el precio de las rentas. Estas bonificaciones oscilarÃan entre el 60% y el 90% de los rendimientos obtenidos por el alquiler, a la par que reducirÃan la deducción general actual (del 60%) al 50%.
De nuevo a la espera de conocer el detalle, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al presentar el modelo de deducciones el pasado mes de marzo, diseñó un sistema de bonificaciones que oscilarÃa entre el 60% y el 90%. A la más cuantiosa podrÃan acogerse los caseros que abaratasen un 10% las rentas del alquiler respecto a un contrato anterior en una zona tensionada.
En otro supuesto menor, también en las zonas tensionadas, los caseros podrÃan reducirse un 70% de los rendimientos si incorporasen al mercado inmuebles que antes no estuviesen considerados como viviendas habituales.
Las viviendas deshabitadas estarán sujetas, pertenezcan a una persona fÃsica o jurÃdica con más de cuatro inmuebles en propiedad, a un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de hasta el 150% que podrán aplicar los ayuntamientos. La decisión, por ello, recaerá en los consistorios.
Asimismo, habrá una apuesta por el parque público de alquiler: se reservará el 30 % de todas las promociones para vivienda protegida, de las cuales la mitad será para alquiler social. También se destinará al arrendamiento la mitad de aquella vivienda protegida de nueva planta o reformada.
Pedro Sánchez anunció que en paralelo se impulsará la creación de un bono de 250 euros al mes para jóvenes de entre 18 y 35 años, con rentas anuales inferiores a 23.725 euros, con el objetivo de facilitar su emancipación.
Además, se va a complementar con más ayudas directas al alquiler de hasta el 40 % de su precio para las familias más vulnerables, detalló el presidente quien subrayó que España debe conseguir "adelantar" la edad de emancipación de los jóvenes y situarse en la media europea, que es de 26 años.
Las limitaciones del precio de los alquileres en las zonas tensionadas, un mecanismo que dependerá exclusivamente de las comunidades autónomas (con competencias en materia de vivienda), afectará únicamente a los grandes tenedores con personalidad jurÃdica. El gran propietario que sea persona fÃsica, explican fuentes conocedoras de la normativa, quedarÃa de esta manera exento.
El cambio fiscal planteado por los dos socios de Gobierno se concretará en la rebaja de la bonificación que existe a las conocidas como entidades arrendadoras de viviendas, un incentivo que es del 85% en la cuota del impuesto de sociedades. Se prevé que la reducción de la ventaja tributaria sea considerable, según fuentes conocedoras.
Este régimen afecta a empresas que tienen arrendadas más de ocho viviendas que permanecen alquiladas durante más de tres años, según los regÃmenes tributarios especiales recogidos por la Agencia Tributaria.
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